{"id":51240,"date":"2026-09-01T13:47:37","date_gmt":"2026-09-01T13:47:37","guid":{"rendered":"https:\/\/michelbaljet.com\/?p=51240"},"modified":"2026-09-01T19:52:21","modified_gmt":"2026-09-01T19:52:21","slug":"65-mil-millones-de-barriles-de-petroleo-segun-sus-propias-palabras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/michelbaljet.com\/es\/65-miljard-vaten-olie-op-zijn-woord\/","title":{"rendered":"65 mil millones de barriles, bajo palabra"},"content":{"rendered":"

El 28 de agosto, Donald Trump anunci\u00f3 el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial. Tres d\u00edas despu\u00e9s, la Casa Blanca plasm\u00f3 por primera vez por escrito las condiciones del acuerdo. Estas contradicen a Caracas, y el Pent\u00e1gono se contradice a s\u00ed mismo. Lo que est\u00e1 claro y lo que no.<\/strong><\/p>\n

El viernes 28 de agosto de 2026 por la tarde, a las 18:47 hora de la costa este de Estados Unidos, el presidente Donald Trump public\u00f3 un mensaje en Truth Social. En \u00e9l anunci\u00f3 lo que calific\u00f3 como el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial: el control estadounidense sobre m\u00e1s de 65 000 millones de barriles de reservas probadas de petr\u00f3leo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense.<\/p>\n

Durante tres d\u00edas, ese comunicado fue el \u00fanico documento p\u00fablico sobre el acuerdo. Entonces, el lunes 31 de agosto por la noche, la Casa Blanca public\u00f3 una ficha informativa. Por primera vez, el Gobierno estadounidense plasm\u00f3 por escrito la estructura del acuerdo: el nombre de la empresa, la duraci\u00f3n, los porcentajes y el control. Agencias de noticias como AP, CNBC y CBS se hicieron eco de la noticia en cuesti\u00f3n de horas.<\/p>\n

Eso cambia muchas cosas. Adem\u00e1s, pone de manifiesto de inmediato lo lejos que est\u00e1n unos de otros ambos Gobiernos en cuanto a su propio acuerdo. Mientras que Caracas hablaba de veinticinco a\u00f1os, Washington habla de cien. Y la estructura que describe la Casa Blanca es precisamente aquella que el Pent\u00e1gono a\u00fan la semana pasada afirmaba que no deb\u00eda aceptarse.<\/p>\n

Lo que, a pesar de todo, no existe es el propio acuerdo. Una ficha informativa no es un contrato. Todav\u00eda no se ha publicado ning\u00fan texto, no se ha dado a conocer ning\u00fan firmante venezolano, no ha aparecido ning\u00fan decreto en el Bolet\u00edn Oficial de Venezuela y no se ha encontrado ninguna resoluci\u00f3n de aprobaci\u00f3n de la Asamblea Nacional ni del Tribunal Supremo.<\/p>\n

Este art\u00edculo enumera lo que est\u00e1 claro, lo que es incierto y lo que, sencillamente, se desconoce. Cuando un hecho se basa en una sola fuente o no est\u00e1 confirmado, as\u00ed se indica expl\u00edcitamente. No se trata de una salvedad por precauci\u00f3n, sino que es la esencia misma de la historia.<\/p>\n

C\u00f3mo lleg\u00f3 Venezuela a esta situaci\u00f3n<\/h3>\n

Para entender por qu\u00e9 un presidente estadounidense puede disponer de los yacimientos petrol\u00edferos venezolanos, hay que remontarse al 3 de enero de 2026.<\/p>\n

Esa noche se puso en marcha una operaci\u00f3n militar estadounidense en Venezuela, denominada oficialmente desde entonces \u00abOperaci\u00f3n Absolute Resolve\u00bb. Nicol\u00e1s Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y trasladados en avi\u00f3n a Nueva York, donde deber\u00e1 responder ante la justicia federal por cargos de narcoterrorismo y tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n

Ese mismo d\u00eda, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela orden\u00f3 a la vicepresidenta Delcy Rodr\u00edguez que asumiera la presidencia interina. El 5 de enero prest\u00f3 juramento ante su hermano Jorge Rodr\u00edguez, presidente de la Asamblea Nacional. El tribunal calific\u00f3 la ausencia de Maduro como temporal, no como permanente; por lo tanto, formalmente sigue siendo presidente, y \u00e9l mismo habla de secuestro.<\/p>\n

Esa distinci\u00f3n no es una sutileza jur\u00eddica. La Constituci\u00f3n venezolana permite que un vicepresidente cubra una ausencia temporal de hasta noventa d\u00edas, con una pr\u00f3rroga de noventa d\u00edas m\u00e1s por parte de la Asamblea. Ese primer plazo venci\u00f3 a principios de abril sin que se celebrara una votaci\u00f3n p\u00fablica para prorrogarlo. El plazo m\u00e1ximo de ciento ochenta d\u00edas expir\u00f3 el 3 de julio de 2026. Desde entonces, Rodr\u00edguez gobierna sin un mandato que se base en una decisi\u00f3n p\u00fablica, y es ella quien, en nombre de Venezuela, concede concesiones por cien a\u00f1os.<\/p>\n

En esos meses ocurrieron m\u00e1s cosas. Cientos de presos pol\u00edticos fueron puestos en libertad; la organizaci\u00f3n de derechos humanos Foro Penal contabiliz\u00f3 621 a principios de marzo, y, seg\u00fan sus propias cifras, m\u00e1s de quinientos segu\u00edan detenidos. El ministro de Asuntos Exteriores estadounidense, Marco Rubio, declar\u00f3 el 4 de enero que Estados Unidos no iba a gobernar Venezuela d\u00eda a d\u00eda; la presi\u00f3n se ejercer\u00eda a trav\u00e9s del bloqueo petrolero ya existente, sin tropas terrestres estadounidenses.<\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 ahora?<\/h3>\n

El momento elegido no es casualidad, y el propio anuncio no lo oculta en absoluto.<\/p>\n

Faltan poco m\u00e1s de dos meses para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. El precio medio de la gasolina supera los cuatro d\u00f3lares por gal\u00f3n. Y la guerra con Ir\u00e1n cumpli\u00f3, el d\u00eda del anuncio, su sexto mes, sin que se vislumbre un final; seg\u00fan los analistas de mercado, esto ha provocado la interrupci\u00f3n de aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petr\u00f3leo crudo.<\/p>\n

Eso tambi\u00e9n explica el estado de las reservas estrat\u00e9gicas estadounidenses. Seg\u00fan las cifras semanales del Servicio de Estad\u00edsticas Energ\u00e9ticas de Estados Unidos, en la semana que finaliz\u00f3 el 21 de agosto de 2026, las reservas a\u00fan ascend\u00edan a 289,7 millones de barriles \u2014el 40,6 % de su capacidad\u2014, el nivel m\u00e1s bajo desde noviembre de 1982. Un informe de la Corte de Cuentas de Estados Unidos se\u00f1ala una retirada de m\u00e1s de 120 millones de barriles tras el cierre del estrecho de Ormuz a finales de febrero.<\/p>\n

De hecho, Trump escribi\u00f3 en su mensaje que la operaci\u00f3n reducir\u00e1 considerablemente el precio de la gasolina para todos los estadounidenses. El lunes, cuando se le pregunt\u00f3 por el plazo, se limit\u00f3 a decir que podr\u00eda tardar \u201cun poquito\u201d. Casi todos los analistas consultados afirman que se trata de una cuesti\u00f3n de a\u00f1os: no hay ni un barril de petr\u00f3leo venezolano que vaya a llegar ma\u00f1ana.<\/p>\n

El dinero llevaba ya siete meses circulando<\/h3>\n

Mientras el mundo ten\u00eda los ojos puestos en el anuncio de agosto, desde enero ya se hab\u00eda producido un flujo de dinero que recibi\u00f3 mucha menos atenci\u00f3n \u2014y que es lo que permite entender el acuerdo\u2014.<\/p>\n

Seg\u00fan un documento informativo del Ministerio de Energ\u00eda de Estados Unidos, los ingresos procedentes del petr\u00f3leo venezolano se ingresan primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos extranjeros. El pago se realiza seg\u00fan lo que consideren oportuno las autoridades estadounidenses, y la medida tiene vigencia indefinida. Ese pasaje figura en las conclusiones de un proyecto de ley estadounidense, el S.3838, y, por lo tanto, es de dominio p\u00fablico.<\/p>\n

El 9 de enero, Trump firm\u00f3 la Orden Ejecutiva 14373, publicada en el Registro Federal del 15 de enero. Estrictamente hablando, esa orden no es una sanci\u00f3n, sino un r\u00e9gimen de protecci\u00f3n: declara prohibido y nulo el embargo de los fondos petroleros venezolanos depositados en el Tesoro de Estados Unidos, y otorga al Ministerio de Hacienda competencias normativas y de concesi\u00f3n de licencias.<\/p>\n

Rubio testific\u00f3 el 28 de enero ante el Senado sobre una cuenta en Catar. Se hab\u00edan desembolsado trescientos millones de d\u00f3lares; a\u00fan quedaban doscientos millones. En cuanto a la supervisi\u00f3n de la misma, afirm\u00f3 que el proceso de auditor\u00eda a\u00fan no se hab\u00eda concretado. El Financial Times calcul\u00f3 a finales de julio que los ingresos totales recaudados superaban ya los trece mil millones de d\u00f3lares; Trump confirm\u00f3 esa cifra ante los periodistas.<\/p>\n

Qui\u00e9n se encarga de supervisar esto es el n\u00facleo de la lucha pol\u00edtica estadounidense en torno a este asunto. Los senadores Chuck Schumer y Adam Schiff presentaron en febrero la Ley de Transparencia de los Ingresos del Petr\u00f3leo de Venezuela (Venezuela Oil Proceeds Transparency Act), que obliga al Tribunal de Cuentas de Estados Unidos a realizar una auditor\u00eda; existe una propuesta similar en la C\u00e1mara de Representantes. Robert Garc\u00eda, el dem\u00f3crata de mayor rango en la Comisi\u00f3n de Supervisi\u00f3n, solicit\u00f3 el 9 de enero toda la correspondencia mantenida con Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips y Continental Resources; las tres primeras respondieron a dicha carta. El 23 de febrero se enviaron cartas a los Ministerios de Hacienda, Asuntos Exteriores y Energ\u00eda exigiendo una rendici\u00f3n de cuentas detallada. Por lo que se sabe, dichos ministerios no han respondido.<\/p>\n

Hay dos aspectos de esa investigaci\u00f3n que merecen m\u00e1s atenci\u00f3n de la que se les presta. El 29 de enero, Garc\u00eda escribi\u00f3 a las empresas comerciales Vitol y Trafigura sobre su papel en la venta del petr\u00f3leo venezolano. La carta pregunta, entre otras cosas, si los comerciantes ten\u00edan conocimiento previo de la acci\u00f3n militar, y se\u00f1ala datos sobre la financiaci\u00f3n de la campa\u00f1a que, seg\u00fan los autores, revelan que un comerciante de Vitol hab\u00eda donado anteriormente seis millones de d\u00f3lares a la campa\u00f1a de Trump.<\/p>\n

El d\u00eda anterior, el diputado Sean Casten, junto con otros doce dem\u00f3cratas, advirti\u00f3 por escrito a veintiuna empresas petroleras y de servicios petroleros sobre los riesgos jur\u00eddicos y financieros que conllevaba su participaci\u00f3n. En esencia: el Congreso, un pr\u00f3ximo Gobierno o un futuro Gobierno venezolano podr\u00edan intentar invalidar dichos acuerdos, y las empresas participantes podr\u00edan incurrir en responsabilidad civil frente a los acreedores venezolanos. Los compromisos informales del Gobierno actual, escribieron, podr\u00edan no ser reconocidos por un Gobierno posterior.<\/p>\n

La ley se modific\u00f3 primero<\/h3>\n

El acuerdo no se produce en un vac\u00edo jur\u00eddico. El 29 de enero de 2026 \u2014apenas un mes despu\u00e9s de la ca\u00edda de Maduro\u2014, Venezuela public\u00f3 una reforma profunda de la Ley Org\u00e1nica de Hidrocarburos. El reglamento de aplicaci\u00f3n se public\u00f3 el 7 de julio. El anuncio se hizo p\u00fablico el 28 de agosto. El orden no es casual: cada paso allan\u00f3 el camino para el siguiente.<\/p>\n

La reforma tiene cuatro aspectos que son importantes en este momento.<\/p>\n

Abre el sector a los operadores privados. Adem\u00e1s del Estado y de las empresas mixtas en las que el Estado tiene una participaci\u00f3n mayoritaria, surge un tercer tipo de entidad: las empresas privadas con sede en Venezuela, contratadas por empresas estatales. En la pr\u00e1ctica, esto significa que una empresa privada puede convertirse en operadora de yacimientos que siguen siendo propiedad de la Rep\u00fablica.<\/p>\n

Saca al Parlamento de la ecuaci\u00f3n. Antes, la Asamblea Nacional ten\u00eda que aprobar las empresas mixtas. Ahora es el presidente quien las autoriza, y al Parlamento solo se le informa \u2014mediante un informe sobre las condiciones acordadas y las ventajas especiales para la Rep\u00fablica\u2014. Este cambio figura literalmente en el texto de la ley y varios juristas lo han calificado de problem\u00e1tico desde el punto de vista constitucional.<\/p>\n

Reduce el l\u00edmite m\u00ednimo de los ingresos del Estado. Mientras que el texto anterior establec\u00eda un canon del treinta por ciento, seg\u00fan los an\u00e1lisis jur\u00eddicos, el nuevo texto de la reforma habla de \u00abhasta el treinta por ciento\u00bb. Esa peque\u00f1a palabra elimin\u00f3 el l\u00edmite m\u00ednimo.<\/p>\n

No obstante, s\u00ed que exige que haya competencia. El \u00f3rgano competente debe fomentar la presentaci\u00f3n de varias ofertas. La adjudicaci\u00f3n directa solo est\u00e1 permitida por razones de inter\u00e9s p\u00fablico o en circunstancias especiales, y en ese caso exclusivamente con la autorizaci\u00f3n previa del Consejo de Ministros. Dicha resoluci\u00f3n del Consejo de Ministros no se ha publicado. Por lo tanto, su ausencia no constituye un descuido administrativo, sino una laguna en un requisito legal.<\/p>\n

Los bufetes de abogados que analizaron el reglamento \u2014entre ellos, PwC Venezuela, Holland & Knight y WDA Legal\u2014 describen una tarifa combinada de regal\u00edas m\u00e1s impuestos integrados que oscila entre el veinte por ciento para los nuevos yacimientos y el treinta y cinco por ciento para los yacimientos en producci\u00f3n existentes. No he podido contrastar personalmente esos porcentajes con el texto original del bolet\u00edn oficial; se basan en los an\u00e1lisis de dichos despachos.<\/p>\n

Lo anunciado por Rodr\u00edguez plantea un problema doble. Ella habl\u00f3 de una regal\u00eda m\u00ednima del 16 %. Aunque esto es legal desde la reforma \u2014puesto que, al fin y al cabo, ya no existe un l\u00edmite m\u00ednimo\u2014, est\u00e1 por debajo del 20 % que, seg\u00fan esos an\u00e1lisis, prescribe el reglamento para los nuevos yacimientos. No se puede determinar p\u00fablicamente si ese 16 % corresponde \u00fanicamente a la regal\u00eda o si se trata de la tarifa combinada: el documento en el que se establecen las condiciones de cada proyecto no se ha publicado.<\/p>\n

Y mencion\u00f3 un impuesto sobre los beneficios del treinta y cuatro por ciento. Esa cifra solo cobra sentido si se sabe que la tasa general venezolana sobre el petr\u00f3leo es del cincuenta por ciento. Ese cincuenta puede reducirse, pero mediante un procedimiento individual para cada proyecto. El reglamento aplica de forma gen\u00e9rica el 34 % a todos los nuevos yacimientos, al margen de ese procedimiento. Juristas como Jos\u00e9 Ignacio Hern\u00e1ndez y el bufete WDA Legal ven en ello una contradicci\u00f3n con el principio de legalidad en materia tributaria recogido en la Constituci\u00f3n venezolana: una tasa impositiva debe fijarse mediante ley, no mediante un decreto ejecutivo.<\/p>\n

Lo que dice ahora la propia Casa Blanca<\/h3>\n

La ficha informativa del lunes por la noche es el primer documento en el que el Gobierno estadounidense describe la estructura. Merece la pena leerla punto por punto, ya que pr\u00e1cticamente cada frase aborda una cuesti\u00f3n que hasta entonces hab\u00eda quedado sin resolver.<\/p>\n

La duraci\u00f3n es de cien a\u00f1os. Las autoridades provisionales venezolanas han concedido a North American Blue Energy Partners, conocida como NABEP, concesiones de cien a\u00f1os para diecisiete yacimientos petrol\u00edferos con unas reservas probadas de aproximadamente 65 000 millones de barriles. Tres d\u00edas antes, Rodr\u00edguez hab\u00eda hablado en la televisi\u00f3n estatal sobre un proyecto de veinticinco a\u00f1os.<\/p>\n

Esos veinticinco a\u00f1os s\u00ed aparecen en el documento estadounidense, pero con otra funci\u00f3n: como el per\u00edodo sobre el que se estiman los derechos de autor y los impuestos, \u201clos primeros veinticinco a\u00f1os\u201d. Probablemente ah\u00ed radique el malentendido. No est\u00e1 del todo aclarado, ya que ella lo calific\u00f3 expresamente como un acuerdo de veinticinco a\u00f1os. Pero la interpretaci\u00f3n m\u00e1s plausible ahora es que Caracas present\u00f3 un horizonte fiscal como plazo de vigencia.<\/p>\n

La empresa ya tiene un nombre oficial. NABEP est\u00e1 controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt L\u00f3pez. Bloomberg y el Wall Street Journal ya hab\u00edan establecido ese v\u00ednculo; la Casa Blanca lo retuvo durante tres d\u00edas. Seg\u00fan la AP, el Gobierno estadounidense est\u00e1 creando una empresa privada como empresa conjunta con NABEP.<\/p>\n

Los porcentajes se han confirmado y son m\u00e1s precisos de lo que se hab\u00eda informado anteriormente. NABEP ha cedido a la Office of Strategic Capital \u2014la oficina de inversiones del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, que desde el a\u00f1o pasado se denomina Departamento de Guerra\u2014 una participaci\u00f3n del treinta y cinco por ciento en la sociedad matriz de NABEP, no en la propia NABEP. El Ministerio de Asuntos Exteriores, y no el Pent\u00e1gono, obtuvo el derecho a comprar el veinte por ciento de la producci\u00f3n a precio de coste, procedente de todos los yacimientos actuales y futuros que explotar\u00e1 NABEP.<\/p>\n

La cifra del cincuenta y cinco por ciento, facilitada la semana pasada por funcionarios an\u00f3nimos a la CNN, la AP y otros medios, no aparece en la ficha informativa. El documento menciona los dos componentes, pero no los suma. Quien lo haga, est\u00e1 elaborando una reconstrucci\u00f3n.<\/p>\n

Y luego est\u00e1 el punto que qued\u00f3 eclipsado en la mayor\u00eda de las noticias: el Ministerio de Asuntos Exteriores tambi\u00e9n obtuvo un derecho de tanteo sobre el 80 % restante de la producci\u00f3n. Con ello, Washington tiene, en la pr\u00e1ctica, un derecho de compra sobre todo lo que extraiga la NABEP. El lunes, en el Despacho Oval, Trump calific\u00f3 las reservas como un enorme valor que hab\u00eda permanecido inactivo.<\/p>\n

El control va m\u00e1s all\u00e1 de la econom\u00eda. El Gobierno estadounidense tendr\u00e1 derecho de veto sobre cualquier nombramiento en el consejo de administraci\u00f3n de NABEP, y la mayor\u00eda de los miembros de dicho consejo deber\u00e1n ser ciudadanos estadounidenses. La empresa contar\u00e1 con auditores, abogados y asesores estadounidenses. Adem\u00e1s, el acuerdo entre el Gobierno estadounidense y NABEP se rige por la legislaci\u00f3n estadounidense y est\u00e1 sujeto a la jurisdicci\u00f3n de los tribunales estadounidenses.<\/p>\n

Esto \u00faltimo resulta dif\u00edcil de conciliar con la defensa de Caracas. Rodr\u00edguez declar\u00f3 en la televisi\u00f3n estatal que Venezuela conserva la propiedad y la soberan\u00eda sobre sus recursos. Su contraparte describe en su propio documento una empresa cuya gesti\u00f3n puede bloquear Washington, cuyos libros puede hacer que se revisen y cuyos litigios puede llevar ante los tribunales estadounidenses.<\/p>\n

M\u00e1s adelante en el documento: NABEP afirma que invertir\u00e1 hasta cien mil millones de d\u00f3lares en nuevas infraestructuras y prev\u00e9 pagar unos doscientos mil millones de d\u00f3lares en regal\u00edas e impuestos durante los primeros veinticinco a\u00f1os. Caracas mencion\u00f3 la cifra de 209.335 mil millones. El 20 % a precio de coste se destina expresamente a reponer las reservas estrat\u00e9gicas y al ej\u00e9rcito estadounidense. Y la Casa Blanca afirma que la mayor\u00eda de los yacimientos a\u00f1adidos estaban controlados anteriormente por empresas rusas o chinas, o por personas afines a Maduro y Ch\u00e1vez, y sit\u00faa el acuerdo en el marco de una doctrina Monroe resucitada.<\/p>\n

Un detalle para quienes hayan seguido la informaci\u00f3n anterior: la ficha t\u00e9cnica menciona diecisiete yacimientos y no ocho bloques adicionales. Esto sugiere que los ocho bloques del Orinoco deben considerarse parte de los diecisiete, y no como un total adicional.<\/p>\n

La construcci\u00f3n que, seg\u00fan el Pent\u00e1gono, no se puede<\/h3>\n

Aqu\u00ed es donde surge el conflicto m\u00e1s agudo de todo el asunto, y ahora se extiende por todo el Gobierno estadounidense.<\/p>\n

La Casa Blanca afirma que Office of Strategic Capital tiene una participaci\u00f3n accionarial del treinta y cinco por ciento, cuyo valor podr\u00eda ascender a cientos de miles de millones en valor y dividendos para Estados Unidos.<\/p>\n

La semana pasada, el portavoz principal de ese mismo ministerio, Sean Parnell, declar\u00f3 a Reuters y a The Epoch Times: \u201cLa Oficina de Capital Estrat\u00e9gico no adquiere participaciones en empresas privadas\u201d. A\u00f1adi\u00f3 que la funci\u00f3n legal de la oficina se limita estrictamente a la ayuda financiera en forma de pr\u00e9stamo, garant\u00eda de pr\u00e9stamo o asistencia t\u00e9cnica. El secretario de prensa del ministerio se refiri\u00f3 en ese mismo periodo a un \u201cproceso de compromiso de pr\u00e9stamo condicional\u201d.<\/p>\n

Un pr\u00e9stamo y una participaci\u00f3n accionarial son dos instrumentos financieros distintos con dos fundamentos jur\u00eddicos diferentes. Y la competencia para adquirir acciones s\u00ed figuraba en la versi\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes de la Ley de Defensa para 2026, pero dicha versi\u00f3n no fue aprobada. As\u00ed lo confirma una nota del Servicio de Investigaci\u00f3n del Congreso, una fuente primaria.<\/p>\n

En resumen: la Casa Blanca describe por escrito una operaci\u00f3n que, seg\u00fan indica por escrito el organismo encargado de su ejecuci\u00f3n, no debe llevarse a cabo. Si hay una pregunta que hay que responder esta semana, es esta.<\/p>\n

El c\u00e1lculo que no cuadra<\/h3>\n

Rodr\u00edguez mencion\u00f3 una cifra concreta: 209 335 mil millones de d\u00f3lares en ingresos fiscales a lo largo de veinticinco a\u00f1os, partiendo de un precio del petr\u00f3leo de sesenta y cinco d\u00f3lares por barril, lo que supone unos diecinueve d\u00f3lares por barril para Venezuela.<\/p>\n

Si hacemos el c\u00e1lculo, 209 000 millones a diecinueve d\u00f3lares por barril suponen unos once mil millones de barriles producidos en veinticinco a\u00f1os, es decir, alrededor de 1,2 millones de barriles al d\u00eda. Esa cifra no dista mucho de la producci\u00f3n actual de Venezuela, que, seg\u00fan las cifras de la OPEP para julio de 2026, ronda el 1,12 millones de barriles al d\u00eda.<\/p>\n

Sin embargo, si divides esos mismos 209 000 millones entre los 65 000 millones de barriles que menciona Trump en su mensaje, el resultado es de 3,22 d\u00f3lares por barril.<\/p>\n

Ambas cifras no pueden ser correctas al mismo tiempo. La explicaci\u00f3n es que los 65 000 millones de barriles no representan la producci\u00f3n, sino una estimaci\u00f3n de las reservas: el petr\u00f3leo que se encuentra en el subsuelo. Trump se refiri\u00f3 a ellas como \u00abreservas probadas\u00bb; Caracas, en su propio comunicado, habl\u00f3 de \u00abpotencial probado\u00bb, que es algo distinto. La consultora de Caracas Gas Energy Latin America calcul\u00f3 una cifra de 63 700 millones de barriles, bas\u00e1ndose en un factor de recuperaci\u00f3n del veinte por ciento, que es t\u00e9cnicamente viable pero que nunca se ha alcanzado en Venezuela.<\/p>\n

A modo de comparaci\u00f3n: las reservas totales de Venezuela se estiman en 303 000 millones de barriles, por lo que el acuerdo abarca aproximadamente una quinta parte de ellas. Estados Unidos cuenta por su parte con unos 46 000 millones de barriles. La nueva empresa se convertir\u00eda as\u00ed, en t\u00e9rminos de reservas, en la segunda mayor compa\u00f1\u00eda petrolera del mundo, solo por detr\u00e1s de Saudi Aramco.<\/p>\n

Las reservas en el subsuelo no son como el petr\u00f3leo en un petrolero. La cuenca del Orinoco contiene en su mayor parte petr\u00f3leo extrapesado que no se puede transportar sin importantes inversiones en infraestructura y diluyentes. A finales de los a\u00f1os noventa, Venezuela produc\u00eda m\u00e1s de tres millones de barriles al d\u00eda; ahora produce un tercio de esa cantidad. Los expertos estiman que la recuperaci\u00f3n requerir\u00e1 miles de millones en inversiones extranjeras y al menos una d\u00e9cada, y que la explotaci\u00f3n completa de las reservas recuperables llevar\u00e1 m\u00e1s de veinticinco a\u00f1os. David Oxley, de Capital Economics, se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s que las cifras de reservas venezolanas bajo el mandato de Hugo Ch\u00e1vez podr\u00edan haber sido exageradas.<\/p>\n

No hace falta adivinar por qu\u00e9 resulta atractivo para Washington: las refiner\u00edas estadounidenses de la costa del Golfo se construyeron precisamente en los a\u00f1os setenta para procesar petr\u00f3leo venezolano pesado y con alto contenido en azufre.<\/p>\n

Y luego hay un detalle que pasa desapercibido en medio de la euforia: el operador no dispondr\u00e1 de tanta autonom\u00eda. Seg\u00fan el an\u00e1lisis de Holland & Knight, los exportadores de petr\u00f3leo pesado diluido deber\u00e1n adquirir ellos mismos el diluyente y celebrar los acuerdos de infraestructura correspondientes. El plan anual de comercializaci\u00f3n debe presentarse con noventa d\u00edas de antelaci\u00f3n para su aprobaci\u00f3n, se revisa mensualmente y el ministro se reserva el derecho de intervenci\u00f3n por razones de inter\u00e9s nacional. Quien crea haber comprado cien a\u00f1os de control, sigue teniendo por encima a un ministro venezolano.<\/p>\n

El socio: Alejandro Betancourt L\u00f3pez<\/h3>\n

El New York Times, el Washington Post y Bloomberg describen, de forma independiente, a NABEP como el segundo mayor productor privado de petr\u00f3leo de Venezuela, despu\u00e9s de Chevron, con una producci\u00f3n de alrededor de doscientos mil barriles al d\u00eda procedentes de yacimientos situados en torno al lago de Maracaibo y en el cintur\u00f3n del Orinoco. Esa es la cifra total de la empresa; la cifra inferior, de alrededor de ciento sesenta mil, que circula en otros medios, es otra estimaci\u00f3n de esa misma producci\u00f3n total. El Washington Post informa de que NABEP pas\u00f3 en dos a\u00f1os de dieciocho mil a casi doscientos mil barriles al d\u00eda, y que la empresa pretende contraer una deuda de hasta cinco mil millones de d\u00f3lares para alcanzar el mill\u00f3n de barriles al d\u00eda en un plazo de cinco a\u00f1os. Seg\u00fan el New York Times, est\u00e1 registrada en Barbados y est\u00e1 controlada por la familia Betancourt.<\/p>\n

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Importante: Betancourt nunca ha sido acusado penalmente a t\u00edtulo personal \u2014ni en Estados Unidos, ni en Suiza, ni en Espa\u00f1a, ni en Venezuela\u2014 y, a trav\u00e9s de su abogado estadounidense Jon A. Sale, niega haber cometido ning\u00fan delito.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n

Seg\u00fan el Washington Post, Betancourt, de 46 a\u00f1os, ha sido objeto durante la \u00faltima d\u00e9cada de varias investigaciones por blanqueo de capitales en tres pa\u00edses a la vez. Todas esas pistas conducen al mismo punto.<\/p>\n

El caso estadounidense. En julio de 2018, el Ministerio de Justicia de Estados Unidos present\u00f3 en Florida una denuncia penal por una operaci\u00f3n de blanqueo de capitales de 1.200 millones de d\u00f3lares, en la que altos cargos de la petrolera estatal PDVSA, banqueros y empresarios habr\u00edan desviado y blanqueado dinero a trav\u00e9s, entre otros medios, de propiedades inmobiliarias en Miami. Se imput\u00f3 a ocho hombres, entre ellos un primo de Betancourt. El propio Betancourt no fue acusado, pero en 2019 el Miami Herald lo identific\u00f3 como un coacusado no nombrado en dicha denuncia, lo que el Washington Post confirm\u00f3 posteriormente a trav\u00e9s de fuentes bien informadas.<\/p>\n

El lobby. Ese mismo a\u00f1o, Betancourt contrat\u00f3 a Rudy Giuliani, por entonces abogado personal del presidente Trump. En agosto de 2019, Giuliani se aloj\u00f3 en la finca de Betancourt cerca de Madrid durante el viaje en el que se reuni\u00f3 con funcionarios ucranianos en relaci\u00f3n con las investigaciones pol\u00edticas de Trump. Un mes m\u00e1s tarde, Giuliani, junto con otros abogados, se reuni\u00f3 con el jefe de la divisi\u00f3n penal del Ministerio de Justicia para argumentar que su cliente no deb\u00eda ser procesado. De hecho, Betancourt nunca fue acusado.<\/p>\n

Suiza. En 2019, la fiscal\u00eda de Z\u00farich abri\u00f3 una investigaci\u00f3n por blanqueo de capitales en relaci\u00f3n con los ingresos procedentes de pr\u00e9stamos que supuestamente habr\u00edan acabado en cuentas bancarias suizas, lo que dio lugar a una orden de detenci\u00f3n. El Washington Post inform\u00f3 el 27 de agosto de 2026 de que Suiza retir\u00f3 esta primavera su solicitud de extradici\u00f3n en el Reino Unido y que se levantaron las restricciones de viaje brit\u00e1nicas, tras la intervenci\u00f3n diplom\u00e1tica estadounidense. Estados Unidos nunca actu\u00f3 en respuesta a la orden suiza. En su lugar, permitieron en repetidas ocasiones la entrada de Betancourt en el pa\u00eds para mantener conversaciones con el Gobierno de Trump.<\/p>\n

Espa\u00f1a. La Audiencia Nacional est\u00e1 llevando a cabo una investigaci\u00f3n sobre un pr\u00e9stamo de 2012 entre PDVSA y una empresa privada, en la que los investigadores sospechan que se produjo una transacci\u00f3n fraudulenta por valor de 4.85 mil millones de d\u00f3lares y el pago de unos 42 millones de d\u00f3lares en sobornos a tres funcionarios venezolanos. Dicho caso fue archivado en marzo de 2026 y reabierto en junio de 2026 por la sala de lo penal, que consider\u00f3 que el archivo hab\u00eda sido prematuro. Por lo tanto, el caso sigue abierto.<\/p>\n

Luego est\u00e1 la historia que sustenta su fortuna. A principios de la d\u00e9cada de 2010, Betancourt y sus socios recibieron del Gobierno venezolano encargos para construir centrales el\u00e9ctricas, sin tener experiencia alguna en la materia, lo que les vali\u00f3 el apodo de \u00abbolichicos\u00bb, los chicos de la revoluci\u00f3n bolivariana. El consorcio de investigaci\u00f3n OCCRP document\u00f3 que su empresa, Derwick, se adjudic\u00f3 entre 2009 y 2011 once proyectos energ\u00e9ticos, por un valor total de unos cinco mil millones de d\u00f3lares, todos ellos sin licitaci\u00f3n. La secci\u00f3n venezolana de Transparency International estim\u00f3 los costes reales en 2.1 mil millones, lo que supone una diferencia de unos 2.9 mil millones. Derwick niega que se produjera un sobreprecio.<\/p>\n

Hay una confusi\u00f3n que surge a menudo y que merece una aclaraci\u00f3n. Betancourt no figura en el proceso penal estadounidense contra el extesorero Alejandro Andrade; ese es otro caso. Sin embargo, en 2024, el empresario venezolano Ra\u00fal Gorr\u00edn fue acusado por Estados Unidos por su participaci\u00f3n en la misma supuesta trama de pr\u00e9stamos que est\u00e1 siendo investigada en Suiza y Espa\u00f1a.<\/p>\n

Lo que ha cambiado desde enero no es la sospecha, sino la posici\u00f3n. Seg\u00fan el Washington Post y Bloomberg, Betancourt se convirti\u00f3 en la figura clave entre Caracas y Washington, y ayud\u00f3 a cerrar los primeros contratos con los que se reactivaron las exportaciones de petr\u00f3leo venezolano. En Venezuela se archivaron los procesos penales en su contra por delitos de divisas. En agosto, el empresario estadounidense Harry Sargeant III vendi\u00f3 su participaci\u00f3n minoritaria en NABEP por trescientos millones de d\u00f3lares a una entidad vinculada a Betancourt; poco despu\u00e9s de la firma, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congel\u00f3 los activos de la sociedad offshore de Sargeant.<\/p>\n

En una declaraci\u00f3n realizada el lunes, Betancourt dio las gracias a Trump y a Rodr\u00edguez y afirm\u00f3 que Venezuela cuenta con una gran riqueza natural y un potencial sin explotar, que esta operaci\u00f3n permitir\u00e1 aprovechar en beneficio tanto de los venezolanos como de los estadounidenses.<\/p>\n

El hombre que fue investigado durante diez a\u00f1os por tres gobiernos es ahora el socio a trav\u00e9s del cual el Gobierno estadounidense adquiere participaciones en el petr\u00f3leo venezolano. Esto no es una acusaci\u00f3n \u2014al fin y al cabo, nunca se lleg\u00f3 a presentar ninguna\u2014. Pero es el hecho que debe tenerse en cuenta en cualquier relato sobre este acuerdo.<\/p>\n

La v\u00eda paralela: Chevron<\/h3>\n

Adem\u00e1s de este acuerdo, hay un segundo proceso que s\u00ed ha dado lugar a documentos firmados y verificables. Chevron anunci\u00f3 un intercambio mediante el cual concentra su presencia en el sector del petr\u00f3leo pesado venezolano: la empresa conjunta Petropiar se hace con el bloque Ayacucho 8, y la participaci\u00f3n de Chevron en Petroindependencia aumenta en m\u00e1s de trece puntos porcentuales, hasta alcanzar el cuarenta y nueve por ciento. A cambio, Venezuela recibe las participaciones de Chevron en dos bloques de gas de la Plataforma Deltana y algo m\u00e1s del veinticinco por ciento de Petroindependiente \u2014una empresa distinta de Petroindependencia, a pesar de que el nombre es casi id\u00e9ntico\u2014. As\u00ed lo indica un comunicado de prensa propio de Chevron, una fuente primaria. El intercambio ya se hab\u00eda anunciado en abril.<\/p>\n

Las empresas mixtas de Chevron en Venezuela producen en conjunto unos 260 000 barriles al d\u00eda. En torno al anuncio del acuerdo, Reuters inform\u00f3 de que Chevron completar\u00eda la migraci\u00f3n de todas sus empresas conjuntas venezolanas al nuevo marco legal. En el momento de redactar este art\u00edculo, no se ha confirmado de forma independiente si dicha firma m\u00e1s amplia se ha completado ya. La propia Chevron, la \u00fanica petrolera estadounidense que produce en Venezuela, se neg\u00f3 a hacer comentarios sobre el acuerdo. ExxonMobil hizo lo mismo.<\/p>\n

El fundamento jur\u00eddico<\/h3>\n

Los juristas venezolanos se\u00f1alan una serie de art\u00edculos de la Constituci\u00f3n que entran en conflicto con este acuerdo. El art\u00edculo 12 declara que las reservas de hidrocarburos son de dominio p\u00fablico: inalienables e imprescriptibles. Otras disposiciones exigen la aprobaci\u00f3n de la Asamblea Nacional para los contratos de inter\u00e9s nacional y para los acuerdos con Estados extranjeros o con sociedades que no tengan su sede en Venezuela.<\/p>\n

Ah\u00ed est\u00e1 el quid de la cuesti\u00f3n. Dado que la ley reformada exige que el operador est\u00e9 domiciliado en Venezuela, es posible que un contrato con una empresa venezolana quede fuera de dicha prohibici\u00f3n. Un acuerdo con el Gobierno estadounidense, en cuanto tal, s\u00ed que entra dentro de dicha prohibici\u00f3n, y la ficha informativa describe ahora expresamente un acuerdo entre el Gobierno estadounidense y NABEP, regido por la legislaci\u00f3n estadounidense. Ninguna de las fuentes encontradas zanja ese punto de forma concluyente, y sin el texto del acuerdo tampoco es posible hacerlo.<\/p>\n

El Gobierno de Rodr\u00edguez sostiene que la ley reformada permite celebrar contratos de acceso operativo sin que se transfiera la propiedad de los recursos. El exministro de Petr\u00f3leo, Rafael Ram\u00edrez, calific\u00f3 el acuerdo de inconstitucional y lo tild\u00f3 de \u00abel mayor saqueo de la historia de Venezuela\u00bb. El economista de Harvard Ricardo Hausmann lo calific\u00f3 de usurpaci\u00f3n de la propiedad y de acuerdo inconstitucional con un Gobierno ileg\u00edtimo. El economista Francisco Rodr\u00edguez inst\u00f3 a la Asamblea Nacional a rechazarlo. En Caracas, los partidarios del Gobierno tambi\u00e9n salieron a la calle, mientras que el partido gobernante, el PSUV, expres\u00f3 su pleno apoyo \u2014un giro notable para un movimiento que durante d\u00e9cadas hab\u00eda insistido en la soberan\u00eda petrolera\u2014.<\/p>\n

Por parte estadounidense, los senadores dem\u00f3cratas Tim Kaine y Chris Van Hollen calificaron la operaci\u00f3n de corrupci\u00f3n a escala \u00e9pica. Antiguos asesores de energ\u00eda estadounidenses advierten de que el acuerdo conlleva un riesgo pol\u00edtico, ya que un pr\u00f3ximo Gobierno, tanto en Washington como en Caracas, podr\u00eda impugnarlo.<\/p>\n

Hay un cambio discreto que merece ser destacado. El 27 de agosto, un d\u00eda antes del anuncio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos modific\u00f3 ocho licencias generales a la vez: 46D, 47B, 48C, 50C, 51C, 52B, 54B y 61A. De las ocho desapareci\u00f3 la misma cl\u00e1usula: los contratos con el Estado venezolano ya no tienen que interpretarse con arreglo a la legislaci\u00f3n estadounidense. Se mantiene el requisito de que las controversias se resuelvan en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Singapur. La OFAC alega como motivo las reformas en materia de inversi\u00f3n que Venezuela ha llevado a cabo desde enero. Los juristas se\u00f1alaron precisamente ese conflicto en mayo: la licencia estadounidense exig\u00eda la aplicaci\u00f3n del Derecho estadounidense, mientras que el contrato tipo venezolano optaba por el Derecho venezolano y el arbitraje en Par\u00eds. Un d\u00eda antes del anuncio, el obst\u00e1culo hab\u00eda desaparecido.<\/p>\n

Lo que a\u00fan no sabemos<\/h3>\n

La ficha informativa aclara muchas cosas, pero no es un acuerdo. En este caso, es m\u00e1s importante enumerar lo que falta que llegar a una conclusi\u00f3n.<\/p>\n

El texto del acuerdo en s\u00ed. No hay ning\u00fan decreto, ni resoluci\u00f3n ministerial, ni contrato publicado en la Gaceta Oficial. Por lo tanto, tampoco existe la resoluci\u00f3n del Consejo de Ministros que deber\u00eda amparar legalmente la adjudicaci\u00f3n sin licitaci\u00f3n, la notificaci\u00f3n a la Asamblea Nacional, el documento que establece los derechos de explotaci\u00f3n y los impuestos para cada proyecto, ni la base jur\u00eddica que sustenta la tarifa del treinta y cuatro por ciento.<\/p>\n

Un signatario venezolano. Rubio y Hegseth firmaron en nombre de Estados Unidos. Por otra parte, figuran \u201clas autoridades interinas venezolanas\u201d, sin nombre.<\/p>\n

Los nombres de los diecisiete yacimientos. Reuters ha visto la lista y no la ha publicado; desde entonces, no ha salido a la luz ning\u00fan nombre de yacimiento. Tampoco se sabe qu\u00e9 va a pasar con el contrato vigente de una peque\u00f1a empresa china que, seg\u00fan Reuters, explota algunos de los yacimientos maduros de Maracaibo. Se trata de una cuesti\u00f3n delicada, ya que PetroChina ya orden\u00f3 en enero a los operadores que dejaran de comercializar petr\u00f3leo venezolano sujeto a las restricciones de comercializaci\u00f3n estadounidenses, y una licencia estadounidense de febrero exclu\u00eda a las partes rusas y chinas de las transacciones de petr\u00f3leo venezolano.<\/p>\n

La respuesta del Pent\u00e1gono a su propia contradicci\u00f3n. Y la respuesta de los Ministerios de Hacienda, Asuntos Exteriores y Energ\u00eda a las preguntas del Congreso.<\/p>\n

La cuesti\u00f3n de los acreedores. Venezuela tiene pendientes decenas de miles de millones en bonos impagados y laudos arbitrales; el propio ministro de Energ\u00eda de Estados Unidos reconoci\u00f3 que se trata de decenas de miles de millones en reclamaciones. No he podido verificar las cifras exactas que circulan. Pero la l\u00f3gica es clara: cualquier nueva fuente de ingresos se convierte inmediatamente en un objetivo para los acreedores. Eso es precisamente lo que la Orden Ejecutiva 14373 protege en el caso de la corriente actual. Si un futuro flujo de doscientos mil millones de d\u00f3lares recibir\u00e1 la misma protecci\u00f3n, y si dicha protecci\u00f3n se mantendr\u00e1 ante un tribunal, es una pregunta que sigue sin respuesta p\u00fablica.<\/p>\n

Para terminar<\/h3>\n

Ahora existe una descripci\u00f3n oficial estadounidense del mayor acuerdo petrolero de la historia. Hay un pa\u00eds cuyo jefe de Estado concede concesiones por cien a\u00f1os en virtud de un mandato que expir\u00f3 hace dos meses. Hay una agencia gubernamental estadounidense que, seg\u00fan su propio portavoz, no puede hacer lo que la Casa Blanca afirma que ha hecho. Hay un socio que ha sido investigado durante diez a\u00f1os en tres pa\u00edses y nunca ha sido acusado. Hay un flujo de fondos de trece mil millones de d\u00f3lares sin un proceso de auditor\u00eda completado. Y sigue sin haber ning\u00fan texto.<\/p>\n

Esto \u00faltimo no es un vicio de forma. Mientras el acuerdo no sea p\u00fablico, cualquier afirmaci\u00f3n sobre su validez jur\u00eddica, sus condiciones fiscales y su distribuci\u00f3n exacta seguir\u00e1 siendo una reconstrucci\u00f3n basada en lo que dos gobiernos han querido decir sobre s\u00ed mismos \u2014incluido este\u2014. El primer documento que realmente cambia algo en esta historia es el propio acuerdo.<\/p>\n

Justificaci\u00f3n<\/h3>\n

Este art\u00edculo se basa en documentos primarios, cuando estaban disponibles: la ficha informativa de la Casa Blanca del 31 de agosto de 2026, el texto de la ley venezolana publicada, los proyectos de ley estadounidenses y las cartas del Congreso, las publicaciones y explicaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU., un comunicado de prensa de Chevron e informes del Servicio de Investigaci\u00f3n del Congreso. Complementado con informaci\u00f3n de AP, CNN, Reuters, el Wall Street Journal, Bloomberg, el New York Times, el Financial Times, NPR, CBS, PBS, The Economist, el Washington Post y OCCRP.<\/p>\n

Cuando en el texto se indica que algo se basa en una sola fuente, no est\u00e1 confirmado o se contradice, se trata de una constataci\u00f3n y no de una figura ret\u00f3rica. Se han omitido deliberadamente algunos datos que circulan en otros lugares porque no se han podido confirmar. Para los expertos, se adjunta un anexo aparte con la justificaci\u00f3n completa, afirmaci\u00f3n por afirmaci\u00f3n, y las referencias a las fuentes.<\/p>\n

Fecha de referencia: 1 de septiembre de 2026.<\/p>\n

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El 28 de agosto, Donald Trump anunci\u00f3 el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial. Tres d\u00edas despu\u00e9s, la Casa Blanca plas\u00f3 por primera vez por escrito las condiciones. Estas contradicen a Caracas, y el Pent\u00e1gono se contradice a s\u00ed mismo.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":51242,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[203,186],"tags":[],"class_list":["post-51240","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articles","category-verbeterd-met-ai"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/michelbaljet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51240","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/michelbaljet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/michelbaljet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/michelbaljet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/michelbaljet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=51240"}],"version-history":[{"count":18,"href":"https:\/\/michelbaljet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51240\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51262,"href":"https:\/\/michelbaljet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51240\/revisions\/51262"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/michelbaljet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/51242"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/michelbaljet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=51240"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/michelbaljet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=51240"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/michelbaljet.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=51240"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}